UNA ISLA EN LATINOAMERICA - ESTADO DE BIENESTAR
RELACIONES INDUSTRIALES EN URUGUAY
El Uruguay podría considerarse como una "isla" en Latinoamérica en materia de relaciones industriales. Si bien el país está inserto en un continente que da cien años de ventaja con respecto a Europa en materia de industrialización(Domboisil y Pries), el Uruguay cuenta con legislación y tradición que podría tildarse de "avanzada" con respecto a sus pares latinoamericanos. Más precisamente desde principios del siglo pasado y en adelante, las relaciones contractuales tomaban forma mediante una profusa legislación laboral y social, entre las que se destacan la limitación de la jornada laboral, el salario mínimo, el salario vacacional y las indemnizaciones por despido. Todo lo cual ha brindado estabilidad laboral y por ende consolidado relaciones contractuales robustas, sin dejar de mencionar la abolición de la esclavitud.
Por consiguiente, nacía el Estado Social o Benefactor en Uruguay, lo que se vio fortalecido con la estatización de las hoy conocidas empresas públicas; lo que ha servido como fuente de trabajo para un elevado número de empleados públicos. La posguerra abrió el camino para la sustitución de importaciones. Ello sumado al Estado Social dio lugar al concepto del Estado motor del desarrollo nacional; principalmente, a través de sus empresas públicas. A partir de esa premisa, los sindicatos han encontrado su fortaleza aglutinando a los empleados públicos.
El rol paternalista del Estado, si bien ha contribuido al desarrollo de las relaciones contractuales, tuvo el efecto contrario para las relaciones laborales. Ese Estado motor del desarrollo sustentado en sus empresas de servicios públicos, ha sido el diseñador de los procesos laborales y de la organización del trabajo, lo que ha tenido también su reflejo en el ámbito privado, donde los empresarios han sido los protagonistas tanto en los procesos como en la organización. Por lo que en la esfera pública, las relaciones laborales han sido del tipo autocrática y estatista-autoritaria en cuanto a procesos y organización del trabajo. En lo privado podría decirse que se ha dado el caso de una concertación institucionalizada, dado la existencia de mecanismos bipartitos y tripartitos de negociación; en este último caso, con presencia del Estado, como garante de los acuerdos bipartitos y del apego a las relaciones contractuales prexistentes. En este mismo sentido cabe mencionar la existencia del Consejo Superior Tripartito, como órgano supremo del sistema de negociación colectiva.
Como bien lo notara el Ministro de Trabajo y Seguridad Social en su alocución del 1° de mayo por cadena de televisión, el Uruguay es el primer país de América y el cuarto en el mundo en cuanto a cantidad de normativas de OIT internalizadas en su sistema de relaciones industriales. Asimismo, el ministro mencionó la gran cantidad de ocasiones en las cuales el Estado - a través del MTSS - fue llamado a mediar en conflictos entre empresarios y trabajadores, lo cual refuerza el control del tipo concertación institucionalizada, que se ejerce sobre las relaciones industriales.
En la última década, el Uruguay ha experimentado un incremento notable en las reivindicaciones laborales reclamadas por la central sindical - PIT-CNT - que nuclea a la mayoría de los trabajadores sindicalizados. El movimiento sindical, pese a gozar de prestigio, fortaleza, madurez y "mayoría de edad" ha logrado sus conquistas accionando en dos frentes, el político y el sindical propiamente dicho.
Como ha sucedido en algunos países -Brasil a modo de ejemplo-, los sindicatos han madurado de llamado "political bargaining" -negociación política- al "collective bargaining" -negociación colectiva- (Domboisil y Pries). En Uruguay, el proceso pareciera haberse dado a la inversa. El movimiento sindical ha tradicionalmente adoptado una actitud antagónico-clasista que lo ha identificado frente a los empresarios y a la élite política. Más recientemente, su participación en los consejos de salarios y en ámbitos de negociación, le ha permitido consolidar viejas conquistas, aunque ello no fue óbice para que echaran mano a las medidas duras de lucha -huelgas, ocupaciones- en apoyo a sus reivindicaciones. Todo ello en el frente sindical. Pero una vez llegado el Frente Amplio al gobierno, los logros en materia de reclamos laborales, principalmente en lo que a relaciones contractuales se refiere, se multiplicaron en gran forma.
El Frente Amplio y más precisamente algunos de los sectores que lo integran, han reivindicado para sí la causa de la "clase trabajadora". Y es en base a esa realidad, que el PIT-CNT comenzó a influenciar en el partido de gobierno en aras de mayores conquistas. Ello sumado al hecho de contar con figuras en el gobierno con pasado en la dirigencia sindical. Es así que durante los gobiernos de izquierda que han ejercido el poder desde 2005 a la fecha, el movimiento sindical ha obtenido logros como ser: el reconocimiento de la ocupación del lugar de trabajo como extensión al derecho de huelga -este último consagrado constitucionalmente-, la exención de ser desalojados de un piquete si su origen se corresponde con una reivindicación laboral, la integración de órganos de conducción en la enseñanza, influencia del movimiento sindical en decisiones clave del gobierno en materia de política exterior o de instalación de empresas extranjeras en nuestro país, etc. Por lo que su fuente de poder es la movilización de sus miembros tanto en el frente sindical como en el político.
La fortaleza de la cual hoy goza el movimiento sindical hace presumir que las estrategias de modernización empresarial encontrarán un duro escollo a sortear. Las posturas rígidas y hasta conservadoras adoptadas por la central sindical en materia de cambios -como el caso de la enseñanza- presagian similares actitudes en cuanto a la modernización empresarial. Máxime si ello conlleva la pérdida de puestos de trabajo o la exigencia de una calificación para el trabajo muy superior a la actual. Esa experiencia ya se vivió cuando la instalación de la fábrica de pasta de celulosa UPM -ex BOTNIA- en Fray Bentos. En este sentido, si bien la instalación de una nueva planta en la zona de Paso de los Toros parece ser bienvenida en aras de la prosperidad económica del país, las exigencias de personal calificado para su instalación abre un signo de interrogación sobre las reacciones del movimiento sindical. Será difícil que una estructura consolidada, burocrática y clasista-combativa como lo es el movimiento sindical, quiera un cambio en su status-quo que ponga en peligro las bandera que lo hicieron fuerte y que pueda ser visto como una debilidad.
Ante este escenario, no se vislumbran alteraciones en las relaciones contractuales, ya que las mismas cuentan con una larguísima tradición histórica en nuestro país, y son la cara visible del Estado paternalista, social y benefactor del cual tanto gobiernos como trabajadores se han enorgullecido. Esta tendencia ha tenido su efecto en las relaciones laborales en conductas autocráticas y autoritarias en los diseños de procesos y organización del trabajo, habiendo siempre dejado de lado la participación de los trabajadores en estos aspectos, tanto en el ámbito público como en el privado. Aunque debe reconocerse que la identidad del movimiento sindical de base antagonista-clasista-combativa no parece haber generado las condiciones para un enfoque participativo del tipo de concertación o de control por grupos como control profesional-social como lo sugieren los modelos japonés y alemán respectivamente (Domboisil y Pries). Ese mismo escenario también permite vislumbrar conflictos en las relaciones laborales y por ende, en las estrategias de modernización empresarial.